Ley de cambio climático

La nueva Ley de cambio climático catalana fue aprobada el pasado 27 de julio de 2017. Se trata de una medida que parte de la legislación comunitaria europea y la concreta dentro de la regulación catalana. Sus principales objetivos son los siguientes:

  • Conseguir que Cataluña reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y favorecer la transición hacia una economía baja en carbono.
  • Reforzar y ampliar las estrategias y los planes que se han elaborado durante los últimos años.
  • Promover y garantizar la coordinación de todas las administraciones públicas catalanas, y fomentar la participación de la ciudadanía, de los agentes sociales y de los agentes económicos.
  • Convertirse en un país puntero en la investigación y la aplicación de nuevas tecnologías, y reducir la dependencia energética de Cataluña de recursos energéticos externos.
  • Hacer visible el papel de Cataluña en el mundo, tanto en los proyectos de cooperación como en la participación en los foros globales de debate sobre el cambio climático.

La ley establece unas metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para favorecer la transición de Cataluña hacia un modelo de desarrollo sostenible y determina que el país se compromete a alcanzar el objetivo de reducción de las emisiones de GEI en un 40 % para el 2030, en un 65 % para el 2040 y en un 100 % para el 2050 con respecto a los valores de 1990.

También incluye la garantía de acceso a los recursos básicos de energía y agua y tiene en cuenta la vulnerabilidad de la población hacia los impactos del cambio climático, especialmente los llamados fenómenos extremos, como las olas de calor, las olas de frío, las sequías, etcétera.

Además, crea un fondo de carácter público, el Fondo Climático, que debe funcionar como un instrumento para la ejecución de políticas y acciones de mitigación y de adaptación, y prevé la creación de impuestos para las actividades económicas más contaminantes.