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    Sobre la universidad y sus funciones

    La universidad, ante su crisis

    Texto Francisco Fernández Buey Catedrático de Filosofía Moral y Política. Universitat Pompeu Fabra

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    Foto: Gianluca Battista
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    Foto: Gianluca Battista

    Asistimos a una campaña de desprestigio que, si se prolonga y cuaja entre la opinión pública, dará nuevo impulso al proceso de mercantilización y privatización de las instituciones universitarias. El pretexto actual es la adaptación del sistema al Plan Bolonia.

    Lo que se lee últimamente en los medios de comunicación sobre la universidad pública es, en líneas generales, esto: 1) que lo que se hace en ella no se corresponde con lo que hoy demanda el mercado laboral y la competencia empresarial; 2) que falta profesionalización y sobra teoría en la articulación de los planes de estudios en la mayoría de las facultades y escuelas; 3) que la gestión actual de la universidad pública es inadecuada, por asamblearia, y que debería cambiar para parecerse todo lo posible a la gestión empresarial; 4) que hay mucha endogamia y que eso deja fuera de la universidad pública a muchos de los que serían o habrían podido ser buenos profesores e investigadores; 5) que hay un índice muy elevado, y además creciente, de fracaso escolar entre los estudiantes, lo que probaría la inadecuación de la universidad pública actual; 6) que las matrículas que pagan los estudiantes universitarios son muy bajas, lo cual, teniendo en cuenta la financiación pública, crea injusticia social; y que, por lo tanto, las tasas deberían acercarse al coste real de la enseñanza universitaria.

           Lo que se desprende de todo esto es una visión unilateral de la universidad pública actual. Creo que los ciudadanos deberían aspirar a una visión más ecuánime de la situación. Y querría adelantar mi punto de vista sobre esto, que resumiría así: estamos asistiendo a una campaña de desprestigio de la universidad que, de prolongarse y cuajar en la opinión pública, dará un nuevo impulso al proceso de mercantilización y privatización, directa e indirecta, de las instituciones universitarias, como ha ocurrido ya con otras instituciones públicas. La cosa no es nueva, pero se ha renovado ahora tomando como pretexto la adaptación del sistema universitario español al Plan Bolonia.

           Empecemos, pues, por las luces, buscando la ecuanimidad.

           No hay duda de que en las últimas décadas la universidad pública se ha abierto socialmente superando así, al menos en parte, las barreras clasistas que había en el pasado. Se han atajado algunas de las injusticias más flagrantes que, derivadas de las desigualdades sociales, impedían a los hijos de los trabajadores llegar a la universidad, de manera que en buena medida podría decirse que se ha ido imponiendo la meritocracia en el acceso, por imperfecta que ésta sea aún.

           Se ha democratizado parcialmente la gestión de los órganos de gobierno de la universidad. Y en ese sentido, en varias de las universidades públicas, se ha logrado que los estudiantes estén representados en los principales órganos de gestión de la institución. Y se ha conseguido que se oiga y se tenga en cuenta (al menos de vez en cuando, todo hay que decirlo) la voz del personal de administración y servicios.

           Se ha logrado la estabilidad laboral de buena parte del profesorado que estaba en situación precaria todavía en la década de los ochenta. Se ha dignificado la figura del profesor en formación. Se ha mejorado en general la situación de los becarios predoctorales. Se ha dignificado la investigación y la docencia en la mayoría de las escuelas y facultades. Y se han mejorado sensiblemente las instalaciones universitarias.

           Esta es la cara A del disco que se canta en la universidad antes del Gaudeamus igitur, que todavía sigue siendo la pieza principal de esa cara. Y en la medida en que todo esto sea un mérito, hay que atribuírselo a la paciencia y al sentido común resultante de las actuaciones de la actual comunidad universitaria (estudiantes, docentes, investigadores y personal de la administración y servicios).

          Digo esto para salir al paso de algunos discursos añorantes que he oído en los últimos tiempos. No veo que haya nada importante que añorar de lo que fue la universidad del pasado. Y creo que este es el sentir más generalizado entre las personas que llevamos ya muchos años trabajando en la universidad pública. Tampoco veo que lo que se está haciendo aquí en las universidades y centros privados sea mejor que lo que se hace en las universidades públicas, ni desde el punto de vista de la docencia ni desde el punto de vista de la investigación.

          Pero vayamos con la cara B, o sea, a las sombras.

          Hay que reconocer que, aunque en la universidad actual no existe por lo general añoranza ni particular atracción por la privatización, tampoco hay entusiasmo ni satisfacción generalizados en este momento. Los profesores y el personal administrativo y de servicios de más edad están convencidos de que esta universidad actual no es, desde luego, la universidad autónoma, autogestionada, democrática, creativa, científica y participativa por la que se luchó bajo el franquismo y durante la transición.

          Muchos estudiantes de hoy tienen quejas contra esta universidad muy parecidas a las que teníamos los estudiantes de ayer, aunque ahora no tanto sobre los contenidos de la enseñanza como sobre la forma de impartirla. Muchos ayudantes, asociados, contratados y becarios se ven a sí mismos como nos veíamos ayer la mayoría de los profesores no numerarios de entonces: en situación precaria y obligados a hacer otros trabajos fuera de la universidad para subsistir. Y he oído quejas del personal administrativo y de servicios contra el nepotismo y la desidia que me recuerdan también las quejas que se oían en la universidad de ayer.

          Algunas de las sombras (o de los problemas) de la universidad de hoy son herencias de aquel ayer; pero otras de esas sombras son novedades debidas a los cambios tecnocientíficos, económicos y culturales que se han producido en los últimos veinticinco años.

          Todavía persiste a veces el viejo mandarinato en los departamentos y en las oposiciones. Todavía sigue habiendo caciquismo y paternalismo en la relación entre profesores, en la relación profesor-alumno y en la relación con el personal administrativo y de servicios, todo lo cual limita la democratización de la universidad y la participación de los estudiantes. Todavía sigue habiendo endogamias y corporativismos que obstaculizan la meritocracia.

          Todavía persiste la situación de precariedad de un número importante de profesores asociados y contratados porque, aunque el legislador ha introducido correcciones, a veces se usan esas figuras con una finalidad distinta de la que dice la ley. Todavía sigue dominando la clase magistral sobre el seminario y el curso participativo. Todavía sigue faltando autonomía universitaria. Y en esto, en los últimos años, se va a peor. Todavía sigue habiendo un serio problema de recursos y financiación pública de la universidad.

           Aunque se han mejorado los criterios de valoración del trabajo de investigación (agencia estatal, agencias de las comunidades autónomas), cada vez se presta menos atención a los criterios de valoración de la docencia. Y lo más importante: la inversión en la enseñanza pública universitaria en este país sigue siendo clamorosamente insuficiente, sobre todo si se toman en consideración dos factores comparativos: a) la generalización del acceso y, por tanto, el considerable aumento del número de estudiantes universitarios; y b) lo que se ha hecho, mientras tanto, en países con desarrollo económico similar.

            En esas condiciones, o sea, puesto el disco por las dos caras, el llamado Plan Bolonia se podría ver como una oportunidad para corregir la escasa consideración que tradicionalmente se viene dedicando a los problemas de la didáctica en la enseñanza superior, así como a las técnicas y métodos de enseñanza alternativa. Y se debe reconocer que algo se ha empezado a hacer ya, positivamente, en esa dirección.

          El problema aquí es que, como ocurre a veces (por papanatismo o por exaltación de las técnicas pedagógicas), se está empezando a torcer el bastón en la dirección contraria a la que se torcía antes: ahora se tiende a menospreciar la experiencia didáctica de los profesores universitarios y a importar y divulgar, sin crítica, técnicas pedagógicas demasiado ingenuas, incluso preuniversitarias.

           El llamado Plan Bolonia podría ser una oportunidad para corregir la falta de discusión desinteresada (y subrayo la palabra) en la reforma de los planes de estudio con el fin de adaptarlos a las nuevas necesidades de la sociedad. Algo se ha producido ya en esa dirección durante los últimos meses.

          El asunto central en esto es de criterio. Pues una cosa es adaptar los planes de estudio a las previsibles necesidades de la sociedad en su conjunto y otra muy distinta adaptarlos a las demandas de las empresas, que son sólo una parte de la sociedad. Decidir sobre esto es también decidir sobre preferencias y valores en la institución universitaria.

          El Plan Bolonia podría constituir una oportunidad para paliar la ausencia de discusión intrauniversitaria sobre los motivos que justifican las líneas prioritarias de la investigación en función de las necesidades sociales a medio y largo plazo. Una oportunidad para mejorar el control efectivo del trabajo de docencia e investigación del conjunto del profesorado. Una oportunidad para paliar la casi inexistencia en la práctica de reflexión sobre el papel de las tutorías personalizadas pensadas para orientar el futuro académico y profesional de los estudiantes.

          El asunto que hay que discutir aquí es cómo encontrar un equilibro conveniente entre dos de las funciones clásicas de la universidad: la transmisión de conocimientos a través de la docencia (lo que implica, obviamente, una mejor preparación pedagógica del profesorado) y la creación científica a través de la investigación. Y ello supone empezar reconociendo que no todo buen investigador tiene que ser al mismo tiempo buen docente y que no todo buen docente tiene que ser al mismo tiempo buen investigador.

          El Plan Bolonia podría ser una oportunidad para paliar la falta de planificación a medio y largo plazo de las necesidades departamentales y de lo que conviene para el profesorado en formación. También en esto hay ideas nuevas e interesantes, sobre todo en relación con el trabajo de los becarios.

          La cuestión aquí es evitar la sobreexplotación de los becarios y profesores en formación para cubrir déficits presupuestarios, pues esa práctica daría lugar a una nueva generación de profesores no numerarios en precario.

          El Plan Bolonia también podría ser una oportunidad para paliar la falta de reflexión sobre los motivos de fondo del absentismo y del abstencionismo de los estudiantes universitarios y para tener en cuenta sus motivos. Entre los cuales está, desde luego, el aumento considerable del número de estudiantes universitarios que al mismo tiempo trabajan (a tiempo parcial o a tiempo completo), pero no sólo eso.

         El riesgo actual en este punto es que todo ocurre como si hubiera en la universidad pública dos discursos paralelos que no llegan a encontrarse: uno es el de las autoridades universitarias (bastante euforizante sobre lo que se está haciendo) y otro el de los estudiantes más activos (cada vez más crítico respecto de la aplicación concreta de los acuerdos de Bolonia).

          Una de las cosas que más llama la atención en los debates que está suscitando la adaptación de los estudios universitarios a los acuerdos de Bolonia es lo poco que se habla y se escribe sobre las funciones de la universidad. En tiempos no muy lejanos toda controversia sobre la reforma de los estudios universitarios solía atender a sus tres funciones clásicas. Dos de ellas ya las he mencionado: transmitir conocimientos para la configuración de las profesiones y educar a los futuros investigadores en los campos de la ciencia y la tecnología. Queda la tercera: crear y organizar hegemonía, o sea, asegurar ese otro tipo de "profesión", como decía Ortega y Gasset, que es el "mandar". Digo "mandar" en el sentido amplio y menos grosero de la palabra.

          Esta función social de la universidad, la de producir las élites cuya subcultura acabará configurando el tipo de hegemonía vigente en la sociedad, ha estado tradicionalmente vinculada al privilegio. Y así ha sido vista por liberales y socialistas en épocas en las cuales las barreras clasistas para el acceso a la enseñanza superior eran muy patentes. Pero en la época del pseudoliberalismo y del pseudosocialismo, que es la nuestra, eso se suele pasar por alto. El asunto sólo aparece tangencialmente en aquellos analistas que se dan cuenta de que la creación de hegemonía, la formación para el "mandar", no es sólo una cuestión ideológica o ideológico-política, sino que, a medida que se han ido rompiendo las barreras clasistas al acceso a la universidad, cada vez cuenta más la creación de hegemonía por vía mediata o indirecta, o sea, que también se crea hegemonía en la formación de profesionales y científicos.

           La cuestión de fondo en lo referente a esta función de la universidad es que la tendencia a la universalización del acceso a los estudios superiores pone en cuestión la forma de mantenimiento de la hegemonía y de la división social del trabajo, o sea, la reproducción de los viejos privilegios. De ahí las resistencias de los privilegiados a aceptar tal universalización.

          Las maniobras para la conservación del privilegio empezaron aquí con la conocida frase aquella de que "habrá que poner en la universidad el cartel de reservado el derecho de admisión, como en los bares". No se pudo poner porque la presión social en sentido contrario era ya grande. Luego se intentó frenar el impulso social que surgía desde abajo imponiendo pruebas de selectividad y adaptando éstas a lo que los de arriba pensaban que tenía que seguir siendo la división social del trabajo. Tampoco eso funcionó. Y no sólo por la protesta continuada de los estudiantes más jóvenes, sino porque la selectividad misma se degradó tanto que ya no seleccionaba nada. La base del viejo privilegio y de la formación para el mandar se tambaleaba, por tanto. Y así se fue llegando a una situación en la que, como en otros ámbitos de la vida pública, se empezó a pensar en privatizar la sede de creación tradicional de la hegemonía.

           Al llegar aquí, cuando se empezó a hablar de privatizar la universidad pública en consonancia con la ideología mal llamada neoliberal, los modelos parecían claros. Sólo había que seguir el ejemplo anglosajón y lo demás se nos daría por añadidura. Pero ocurrió que la historia por una parte y, por otra, la restrictiva forma de entender la lógica del beneficio a corto plazo, precisamente entre los empresarios que decían estar dispuestos a ello, actuaron como factores suficientes para que el modelo se quedara en casi nada. Se habló mucho de empezar a competir en serio con los países de inspiración pero, según parece, resultaba más rentable enriquecerse a corto plazo.

           De manera que, al menos aquí, se prefirió pasar a la privatización indirecta de la universidad pública, lo que en la práctica quiere decir colonización más o menos directa de tales o cuales departamentos universitarios, convenientemente seleccionados, que puedan producir beneficios en un plazo tan rápido o parecido a los que se producen en operaciones financieras más o menos especulativas. Me salto las excepciones, que las hay, y algunas respetables, porque son eso: excepciones. De hecho, la universidad pública ha seguido siendo la universidad, y aunque las universidades privadas se han multiplicado, lo han hecho casi siempre vinculadas a instituciones religiosas (también mercantilizadas) ya establecidas.

           Paralelamente, la presión social para que la universidad se adaptara a las necesidades de una sociedad que estaba cambiando aceleradamente se tradujo por arriba en la idea de que la universidad tenía que estar al servicio de las necesidades del mercado laboral. Ahí empezó lo que se llama mercantilización de la universidad. Que no es algo nuevo que se haya inventado en Bolonia. Eso estaba ya, negro sobre blanco, a mediados de los ochenta, en la ley que hizo el PSOE. Lo nuevo es el paso del lema según el cual había que adaptar la universidad pública al mercado laboral a otro lema algo más drástico y que ha aparecido recurrentemente en los últimos tiempos tomando como pretexto los acuerdos de Bolonia: adaptación de la universidad pública a las necesidades de la empresa. Obviamente, para poder competir con los otros que, se supone, van a hacer lo mismo en la Unión Europea.

          Adaptación de la universidad a las necesidades de la empresa quiere decir varias cosas al mismo tiempo: a) vincular aún más a las empresas los departamentos universitarios que corresponda; b) formar mano de obra flexible para la época de las deslocalizaciones, del trabajo precario y de las prácticas baratas; c) dar por hecho que los consejos sociales de las universidades públicas tienen que estar hegemonizados por representantes del mundo empresarial que, obviamente, son quienes saben cómo va a ir a corto plazo el mercado de trabajo; y d) hacer que la gestión de la universidad pública se aproxime todo lo posible a la gestión empresarial con el argumento de que los claustros universitarios son demasiado asamblearios y demasiado corporativos.

           Como casi nadie parece fijarse en la paradoja que supone el hecho de que los representantes de las grandes corporaciones llamen corporativistas a los trabajadores de la enseñanza pública, la cosa, de momento, está colando. De la misma manera que cuela, casi sin protestas, el hecho de que los representantes de los medios de comunicación más endogámicos que ha conocido la historia de España repitan continuamente la palabreja sin hacer nunca mención a lo que tienen en casa. Con lo cual no quiero decir -lejos de mi intención- que en la universidad pública actual no exista corporativismo y endogamia, que las hay. Únicamente quiero decir que para corporativismo en serio (e ignorado) el de las grandes corporaciones privadas; y que para endogamia en serio (e igualmente ignorada) la de la mayoría de los medios de comunicación privados generalmente vinculados a las grandes corporaciones.

           Ahí estamos ahora: en la segunda vuelta de tuerca en veinte años para asegurar desde arriba el proceso de privatización indirecta y de mercantilización directa de la universidad pública que asegure el mantenimiento del privilegio y la reproducción de hegemonía. Agrava la cosa el hecho de que, para hacer frente a la presión social en favor de la universalización de la enseñanza superior, la crítica al privilegio ha cambiado de signo para convertirse en puro cinismo: ahora se acusa a los hijos de los trabajadores que han logrado tener acceso a la universidad porque supuestamente se benefician de tasas bajas que no cubren el precio real de la enseñanza. Lo que equivale a decir (y ahí está el cinismo demagógico) que los estudiantes universitarios que trabajan, y que cada vez son más, deberían quedar sometidos, por una parte, a contratos precarios que no pueden discutir y, por otra, a pagar mucho más por sus estudios.

           Mientras tanto, ¿hasta qué punto se puede decir que la universidad pública sigue siendo sede de la formación para el "mandar" en nuestras sociedades? Por poco que uno se fije en los cambios que durante estos años se han ido produciendo en lo que respecta a la tercera función tradicional de la universidad, la de la configuración de la hegemonía, caerá en la cuenta de que el lugar para la conformación del privilegio se ha ido desplazando.

           A medida que los hijos de los trabajadores llamaban a las puertas de la universidad y lograban entrar en ella, los antiguos primeros ciclos de buena parte de las carreras universitarias se han ido convirtiendo casi en prolongación del bachillerato. Con lo cual la verdadera formación para el mandar se ha ido trasladando poco a poco a másters y posgrados (muchos de ellos, efectivamente, privados o concertados con empresas y universidades privadas extranjeras) en los que se están configurando las nuevas élites. No hay más que echar un vistazo a lo que figura ahora en los curricula de las élites y otro al precio de la mayoría de esos másters, aquí o en el extranjero; y luego comparar con las salidas profesionales que ofrecen grados y licenciaturas (reformados o no).

            Lo decía Manuel Sacristán en un ensayo ya clásico sobre la universidad: de sus tres funciones tradicionales sólo ésta, la de producir hegemonía, es realmente incompatible con un sistema socioeconómico igualitario, que es lo que apunta en la presión social en favor de la universalización de la enseñanza superior. La raíz del conflicto, que se ve venir en la Unión Europea, está en la contraposición entre defensa de la justicia social en todos los niveles de la enseñanza y deslocalización acelerada de las sedes de producción de hegemonía para la conservación del privilegio. Esto, creo, es lo que están viendo ya los estudiantes críticos.

     

    Otoño – Invierno (octubre 2008 - marzo 2009)

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